LEY de AYUDA a la DEPENDENCIA


La Ley de Ayuda Dependencia, que contó con el respaldo de empresarios, sindicatos, movimiento asociativo de personas mayores y personas con discapacidad y una amplia mayoría de grupos políticos, ha creado un nuevo derecho de ciudadanía en España: el derecho de las personas que no se pueden valer por sí mismas (personas mayores y personas con discapacidad) a recibir atención por parte del Estado. 


La ley configura el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia como cuarto pilar del Estado del Bienestar en nuestro país, tras el Sistema Nacional de Salud, el Sistema Educativo y el sistema de pensiones, que fueron desarrollados en la década de los ochenta.

En España residen más de 1.125.000 personas dependientes, aunque esta cifra aumentará considerablemente en los próximos años, según las previsiones demográficas.

Hasta ahora, la atención que recibían estas personas recaía sobre todo en su familia y, muy especialmente, en las mujeres.

Con el Sistema de Dependencia, el Estado garantiza a las personas mayores y a las personas con discapacidad que no se puedan valer por sí mismas el acceso a los siguientes servicios sociales:

- Prevención de las situaciones de dependencia.
- Ayuda a domicilio.
- Teleasistencia.
- Centros de día y de noche.
- Plazas residenciales.
- Otras ayudas técnicas.

Además de prestaciones económicas; (vinculada a la contratación del servicio, por cuidados en el entorno familiar, de asistencia personalizada o de aseguramiento privado de dependencia).

El sistema contará además con una serie de centros estatales de referencia de atención a personas dependientes. En la actualidad, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales está construyendo el de Discapacidad Física en San Andrés del Rabanedo (León), el de Alzheimer en Salamanca, el de Enfermedades Raras en la ciudad de Burgos, o el de Trastorno Mental Grave en Valencia, entre otros.

El Gobierno financiará íntegramente la cobertura básica común para todo el Estado. Además, el Ejecutivo establecerá convenios con las Comunidades Autónomas para cofinanciar las prestaciones.

Los beneficiarios del Sistema participarán en la financiación del mismo en función de su capacidad económica de forma equilibrada y justa, teniendo en cuenta que ningún beneficiario dejará de recibir atención por falta de recursos.
La aportación concreta de los beneficiarios será establecida por el Gobierno y las Comunidades Autónomas en el Consejo Territorial.

Además de los beneficios sociales, la creación en España del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia supondrá una inversión eficiente, por su impacto social, económico y laboral.
De hecho, según el Libro Blanco de la Dependencia y el informe FEDEA, en 2015 se habrán creado cerca de 300.000 empleos, y el sistema habrá conllevado un impacto económico positivo del 0,28% del PIB.

Para cualquier información sobre los servicios de la Ley de Dependencia, se ha habilitado un teléfono de información al ciudadano:            900 40 60 80